El pasado 3 de mayo de 2021, se publicaba en el BOC el anuncio de información pública de solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del anteproyecto del parque eólico Bustatur de 51 MW, situado en el término municipal de Las Rozas de Valdearroyo, y su infraestructura de evacuación, que atraviesa el mismo municipio cántabro y los burgaleses de Alfoz de Santa Gadea y Valle de Valdebezana, de 18 km de longitud y 69 apoyos hasta la subestación de Virtus, en Burgos. Este proyecto, promovido por Green Capital Power, está formado por 15 aerogeneradores de 162,5 metros de altura, que se ubican a lo largo de 4 km sobre un cordal situado al sur del Pantano del Ebro. El plazo de presentación de alegaciones terminó el lunes 14 de junio de2021.
Pese a la falta de información por parte de los promotores desde el inicio de la tramitación, durante estos días que ha durado el plazo de alegaciones, el vecindario de los diferentes municipios afectados se ha organizado en reuniones vecinales improvisadas, en las que han podido comprobar los graves impactos que este proyecto generaría en su territorio. El parque eólico Bustatur se sitúa en el entorno de espacios naturales protegidos, como la ZEC Embalse de Ebro y Monte Hijedo, la ZEPA Embalse del Ebro y la ZIM Ebro y Rudrón. Además, existen importantes restos arqueológicos que se verían seriamente dañados, como los grabados prehistóricos de Peñalaveja. En el entorno próximo se encuentra el Santuario de Montesclaros, lugar de peregrinación para la vecindad campurriana, pues allí se encuentra su patrona, la Virgen de Montesclaros. Los Concejos Abiertos de La Aguilera y Renedo han denegado la autorización para el desarrollo del proyecto en sus terrenos; acuerdo que han remitido al MITECO.
Ante la creciente preocupación pública, las empresas del sector energético y los gobiernos autonómico y central, están promoviendo los polígonos eólicos como un motor de crecimiento económico y generación de empleo en las zonas afectadas, exagerando los efectos positivos y ocultando los costes ambientales, de salud y financieros que asumen su población.
Introducir estas infraestructuras en nuestro territorio, además de ser discordante con el entorno ya que transformaría el medio rural en un macropolígono industrial, provoca incertidumbre a la hora de realizar las actividades tradicionales propias del medio rural, como la ganadería y el turismo rural, y crea inseguridad jurídica para quienes lo habitan.
Esta falsa transición energética, que supondrá la ocupación de centenares de miles de hectáreas con centrales solares y eólicas, se está realizando sin planificación energética ni ordenación del territorio rigurosa que proteja al medio rural que aún queda vivo, y con importantes deficiencias en los procedimientos de evaluación ambiental.
